Viaducto Salaverry: Contraloría concluye que hubo delito en el contrato

Informe del Viaducto Salaverry será remitido al Ministerio Público para su evaluación. Mientras se pide sanciones administrativas.

Hubo negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, precisó el gerente regional de la Contraloría en Arequipa, Alberto Arteaga, en referencia al contrato para la construcción del Viaducto Salaverry entre la Municipalidad Provincial de Arequipa y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Para la Contraloría, el convenio con la OIM se hizo al margen de la normativa de contrataciones y generó que la Municipalidad Provincial de Arequipa asuma una obligación de pagarle más de 800 mil soles.

Ello ha hecho se encuentren responsabilidades administrativas y penales en el proceso contractual. “Se ha detectado una negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo donde está involucrado el exalcalde (Alfredo Zegarra), el gerente municipal, la gerente de asesoría jurídica y el gerente de logística”, señaló el funcionario.

El convenio fue suscrito el 26 de mayo del 2017 sin haberse acreditado la complejidad o carácter altamente especializado del proceso de selección a realizarse, que demuestre que la entidad no estaba en condiciones de realizarlo.

Además no se sustentaron las ventajas y conveniencias en la suscripción de un convenio de esta naturaleza. A esa fecha tampoco existían los lineamientos y criterios que debían ser emitidos de manera previa por el Ministerio de Economía y Finanzas para este tipo de encargos.

Alberto Arteaga recalcó que se configuró el hecho de la negociación incompatible, lo que sí considera una responsabilidad penal.

El resultado de la autoría fue elevado a la Contraloría General de la República y esta deberá remitir el informe a la fiscalía para el proceso penal. Se recomendó también que la Municipalidad Provincial inicie las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios.

MONITORES CIUDADANOS
Los Monitores Ciudadanos de Control son aquellas personas naturales voluntarias acreditadas por la Contraloría que participan en forma cívica a favor de la comunidad, ejerciendo control social sobre la ejecución de obras públicas.

La Contraloría en Arequipa convocó a los ciudadanos para que se inscriban mediante la página web de la institución y sean los fiscalizadores de las obras que ejecutan las autoridades. En la región hay 38 monitores, lo que si bien no reciben una remuneración, son capacitados y recibirán un certificado por su aporte al desarrollo transparente del país.