Corrupción: 1700 funcionarios fueron suspendidos o inhabilitados

La Contraloría informó que 1728 funcionarios y servidores públicos fueron suspendidos o inhabilitados temporalmente para trabajar en el Estado, al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional, al 31 de diciembre de 2018.

Las cinco regiones que concentraron el mayor número de sancionados fueron Lima (360), Cusco (136), Cajamarca (124), Lambayeque (109) y Puno (93). Las regiones con menor número fueron Callao (7), Moquegua (9), Madre de Dios (11), Ica (11) y Áncash (22).

Los funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos (de 30 a 360 días) o inhabilitados temporalmente para ejercer función pública (de 1 a 5 años), lo que conlleva a su desvinculación laboral con el Estado.

Entre las infracciones administrativas más frecuentes figuran:

– Actuar de forma parcializada en contra de los intereses del Estado en los contratos, licitaciones, concurso de precios, subastas, licencias, autorizaciones o cualquier otra operación o procedimiento en que participe con ocasión de su cargo, función o comisión, dando lugar a un beneficio ilegal, sea propio o de tercero.

– Incumplir las disposiciones legales que regulan expresamente su actuación funcional, generando grave perjuicio al Estado.

– Incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo, en los procedimientos en los que participa con ocasión de su función o cargo.

Al 31 de diciembre del 2018, se han registrado 1949 sanciones administrativas vigentes a funcionarios y servidores públicos, las cuales comprenden a 1728 personas.

De las sanciones administrativas vigentes, el 96,9% corresponde a inhabilitación para ejercer la función pública mientras que el 3,1% corresponde a suspensión temporal.

La Contraloría General ha oficiado a los titulares de las entidades públicas del país a fin de que ejecuten de manera inmediata las resoluciones emitidas como resultado del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra los funcionarios que incurrieron en inconducta funcional.