«El reto es mejorar competitividad agraria y derechos laborales»
El Gobierno y el Congreso tienen una gran responsabilidad de derogar la Ley de Promoción Agraria, como es buscar mejorar la competitividad agrícola, reducir la informalidad y velar porque se cumplan los derechos laborales de todos los trabajadores, señaló Gabriel Amaro Alzamora, presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú.
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Dijo que dicha ley ya contemplaba muchos de esos puntos, el problema es que el Estado no cumplió con su papel de fiscalizar que la normativa se cumpla, específicamente, en hacer seguimiento a esas services, formales e informales que no cumplieron con sus obligaciones y que motivó la protesta de los jornaleros.
“El inconveniente en la agricultura, no ha sido la ley, sino que como en todos los demás sectores del país, es la gran informalidad la que está causando estos problemas, que llega a más del 80 % y que nadie se atreve a controlar, y que ha permitido que se abusen de los trabajadores pagando sueldos por debajo de lo que señala la ley o que no se cumpla con sus derechos”, añadió.
En esta nueva ley, que tiene que buscar el sector más competitivo que con la anterior, se deberá agregar la fiscalización a todas las empresas, que las informales pasen a la formalidad, ya que solo hay 4000 que se dedican a la producción y unas 2300 a la agroexportación, a las que se debe dar condiciones, sin generar sobrecostos adicionales.
Consideró que hay que buscar incorporar a los pequeños agricultores a cadenas modernas de producción y para ello es necesario otorgarles financiamiento continuo para que se puedan mantenerse, generar la asociatividad con visión empresarial para que estén en el mercado, generar recursos que les permita mejorar su calidad de vida, pero también tener ahorros para reinvertir, y para ello es necesario cambiar el sistema de riego, para lograr una mejor producción, sin gastar tanto en fertilizantes, agroquímicos y agregar a sus procesos internos, buenas prácticas agrícolas.
“El problema que se genera con la medida asumida por el Congreso, es que se pone en riesgo todo lo logrado hasta el momento, porque el país puede pasar a no ser atractivo para las inversiones privadas y más aún cuando hay nueve proyectos agrícolas en camino para generar agricultura competitiva y con ello, miles de puestos de trabajo”, agregó.
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