Exdirigente del valle de Tambo es llevado a prisión
El INPE estableció que Jaime de la Cruz sea internado en el penal de Socabaya
La jueza Liliana Morales de Arequipa emitió una orden de internamiento contra Jaime de la Cruz, exdirigente del valle de Tambo. El ciudadano recibió la sentencia de 12 años y 4 meses de prisión efectiva. Dicha condena responde a los presuntos delitos de disturbios, entorpecimiento y motín, cometidos durante las protestas contra la empresa minera Tía Maria en el distrito de Cocachacra de Islay.
La captura del sentenciado se realizó durante la madrugada, luego de que la Policía lo encontrara en clandestinidad. La magistrada dispuso que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el establecimiento penitenciario al que será trasladado. Como resultado, De la Cruz será internado en el penal de Socabaya para cumplir su condena.
Datos:
Jaime De la Cruz, exdirigente del Valle de Tambo y exalcalde del distrito de Deán Valdivia, proclamó su inocencia y afirmó que no ha cometido ningún delito mientras era arrestado y llevado a prisión. Señaló que existen delincuentes más grandes en libertad y que aquellos que defienden al pueblo, el agua y la vida se ven en esta situación. De la Cruz espera una resolución para un recurso de queja presentado contra la sentencia, al igual que Jesús Cornejo, otro exdirigente del Valle de Tambo, también sentenciado.
Antes de su internamiento, De la Cruz expresó que no fue sentenciado por extorsión, a diferencia de otro exdirigente, Pepe Julio Gutiérrez, quien actualmente está prófugo. Las tensiones entre un sector del Valle de Tambo y la empresa minera Tía María han existido desde 2009. Ello, debido a preocupaciones sobre los posibles efectos ambientales de la mina en la agricultura local. Esto ha llevado a protestas y paros a lo largo de los años. Aunque Southern, la empresa minera, ya cuenta con la licencia de construcción para iniciar operaciones, aún no lo ha hecho debido al clima social adverso.
En 2019, se produjo la última paralización contra Tía María después de que se otorgara la licencia de construcción. A raíz de este paro, al menos otras cuatro personas enfrentan procesos judiciales por delitos de disturbios y resistencia a la autoridad, según el abogado Héctor Herrera.
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