Nacionales

Primer encuentro entre autoridades regionales y la Contraloría

22 de febrero de 2021
Foto: Se proyecta que el evento cuente con la participación de 3000 autoridades.

Este 24 de febrero, la Contraloría General de la República llevará a cabo una reunión con las autoridades subnacionales de todo el país.

El encuentro tiene como propósito compartir y discutir planteamientos que permitan fortalecer la capacidad fiscalizadora de los consejeros regionales y regidores municipales a nivel nacional.

De esta forma, ambas partes se verán comprometidas en la lucha contra la corrupción.

Este aspecto es priorizado por la entidad a raíz del escándalo relacionado con la vacunación irregular de funcionarios y demás personajes.

Inscripciones

Los consejeros regionales y regidores municipales interesados en participar en este encuentro con la Contraloría, pueden inscribirse ingresando al siguiente link: http://www.enc.edu.pe/publicacion_det?id=347

De igual forma, pueden comunicarse al email: informes@enc.edu.pe o al WhatsApp: 974 894 42. 

Se proyecta que el evento cuente con la participación de 3000 autoridades, a través de la plataforma virtual Webex de la Escuela Nacional de Control.

En la reunión, el titular de la Contraloría General, Nelson Shack, brindará el balance del control gubernamental realizado en el 2020.

Además, se darán detalles del proyecto de ley que presentará la entidad al Congreso.

Este propone fortalecer la función fiscalizadora de los concejos regionales y municipales a nivel nacional.

Caso Vacunagate

Sobre el ensayo clínico de las vacunas de Sinopharm, la Contraloría detectó que, de la lista de 487 personas, 122 de ellas son funcionarios públicos

“Un dato interesante es que hay 70 personas que conforman 26 grupos familiares que recibieron estas vacunas. Hay 19 funcionarios públicos que no solo se han vacunado, lo cual ya es un acto irregular, sino que haciendo abuso de su posición y cargo han logrado vacunar a sus familias”, reveló el titular de la institución.

En ese sentido, hizo un llamado a las entidades públicas a las que pertenecen los funcionarios involucrados para que se les investigue y sancione.

“La renuncia no es una sanción, sino que tienen que ser sancionados con una suspensión y una inhabilitación en el sector público, porque lo que han hecho es gravísimo”, puntualizó.

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