Este mes ya se debía establecer una comisión para investigar las supuestas irregularidades en el proyecto de la plaza cívica de la Asociación Jardín del Colca.

Gregorio Palma Figueroa, gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, tenía que gestionar la creación de dicha comisión, sin embargo, hasta el momento nadie se encarga del caso.

Mediante la resolución n.° 234-2020 firmada el 16 de noviembre pasado. Palma Figueroa se comprometió a que se debía emitir un informe en 60 días hábiles.

La Asociación Jardín del Colca tiene un historial de sucesos que implican a varios funcionarios de gestiones pasadas y actuales. La asociación se estableció a partir del 2011.

En ese entonces el gobernador era Juan Manuel Guillén Benavides. Durante la gestión, más de 1000 hectáreas fueron ocupadas por 6000 personas que se hacían llamar “posesionarios”.

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La ocupación de terrenos se dio en el distrito de Yura, dicha zona era una vía de ingreso para pobladores cayllominos, quienes son en su mayoría los que han ocupado la zona.

Alrededor de 8000 socios crearon 60 sectores donde con el tiempo empezaron a construir infraestructura pública como canchas, reservorios, etc.

Incluso el actual gobernador regional tiene un terreno en el lugar y durante su campaña política prometió dar títulos de propiedad y brindar servicios básicos para los pobladores.

En octubre de 2020 se abrió una investigación a partir de un informe de la contraloría en el que se mencionan algunas irregularidades.

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Las observaciones apuntan a la construcción de una plaza. Dicho proyecto no contaría con habilitación urbana producto de estar en una zona de riesgo.

Hasta ese momento la obra tenía un avance de más del 45 %, pero para ese entonces el gobierno regional ya había gastado un 78 % de la inversión.

La inversión asciende a más de 4 millones de soles. Y la acusación también incide en que se estarían favoreciendo las obras, ya que Cáceres Llica tiene un terreno en el lugar y el consultor regional es el presidente de la asociación.

Las supuestas irregularidades fueron presentadas por la Contraloría, sin embargo, el proyecto siguió su curso.

Los consejeros Harberth Zuñiga y José Luis Hancco son los que han venido manifestándose sobre las irregularidades. Incluso el año pasado, se realizó una protesta en contra de dichos funcionarios.

En ese entonces, pobladores de la asociación se manifestaron frente al Consejo Regional de Arequipa exigiendo servicios básicos y protestando contra los consejeros.

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Los mismos miembros confirmaron que la zona no contaba con saneamiento físico legal, lo cual representa una incoherencia, puesto que, el saneamiento es un requisito básico para empezar proyectos de inversión pública.

Dichas irregularidades debían empezar una investigación y por ello, en noviembre del año pasado se acordó crear un grupo de trabajo que se encargaría de este caso.

Guillermo Valcárcel, gerente de Infraestructura, aceptó que para principios de enero aún no se había convocado a una comisión de trabajo. Mientras que Harberth Zuñiga anunció que pedirá una ampliación de 30 días para concluir un informe sobre el caso.

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