Editorial: Caiga quien caiga

Era un rumor insistente y terminó siendo una nueva demostración de que la corrupción también estuvo en Arequipa, y logró éxito en sus afanes de atentar contra los intereses colectivos en la Gerencia Regional de Transportes, manchando la gestión que presidió Yamila Osorio Delgado.

En la víspera de la culminación de la transferencia del Gobierno Regional cesante a la administración elegida en los comicios de segunda vuelta que ganó Elmer Cáceres Llica, fiscales y policías, previa advertencia de inteligencia de la PNP, allanaron locales y numerosas viviendas y encontraron dinero hasta en el suelo.

Fallaron los controles y obligaron a una intervención necesaria pero indeseable, pues no solamente se trataba de indebida circulación de dinero, sino de un tráfico que ponía en riesgo la vida de quienes obtenían brevetes casi sin saber manejar, creyendo que pagar resolvería cualquier accidente del mañana.

Hasta ahora, todo parecía tener en otros lugares del Perú que no fuera Arequipa, la acción de mafias y empezamos a descubrir que aquí también actuaban corruptos a los que hay que seguir el rastro, pues ocurre que son capaces de contagiar el mal a otras dependencias públicas en perjuicio de la seguridad colectiva y del bien común.

Hay que reconocer las bondades de la intervención fiscal y policial, y esperar que ahora, tras las detenciones preventivas necesarias, los jueces impongan las penas más severas posibles e investiguen quiénes fueron los actores intelectuales de semejante delito.

Creemos conveniente que todo esto se maneje de forma transparente y que si hay otros implicados, que por ahora estarían en la sombra, hay que descubrirlos e igualmente acusarlos para que respondan por el daño hecho y paralelamente declarar en reorganización la Gerencia Regional de Transportes para limpiarla de malos elementos, de los que siempre se habló pero que por ausencia de control eficiente hicieron de las suyas no solo ahora, sino también antes.

Policías y fiscales han dado un paso importante en la lucha contra la corrupción en Arequipa, y los culpables de la comisión de delito deben ser castigados ejemplarmente, cuando sean juzgados y condenados.