Editorial: El caso Chávarry

El fiscal supremo Pedro Chávarry decidió jugar carta definitoria en el conflicto que sostiene contra quienes lo consideran coautor de una política opuesta al empeño del presidente Vizcarra, de eliminar, o por lo menos reducir, la influencia de la corrupción en la vida pública nacional.

Escogió el último día del 2018 para hacer de público conocimiento que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, habían cesado en sus cargos por decisión exclusiva de él, y nombró a sus reemplazantes.

No esperó una reacción como la que ha provocado su determinación. El presidente Vizcarra, quien se encontraba en Brasil para asistir a la toma de cargos del nuevo jefe de estado de ese país, decidió volver a Lima, reunirse con el gabinete ministerial y plantear una solución, ajustada a Constitución y Derecho, que significara declarar en reorganización el Ministerio Público.

La reacción en las calles coincidió con la enérgica decisión presidencial, y los fiscales depuestos apelaron de la resolución de Chávarry para que fuese la Junta de Fiscales Supremos la que decidiera sobre lo que consideran medida inmotivada e injusta.

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Así que ahora Chávarry y sus aliados en el Congreso, Fuerza Popular y el Apra, están en una disyuntiva delicada.

Si no aprueban la solicitud de Vizcarra, el Gobierno caerá con su gabinete y se abrirán las puertas para la disolución del Congreso, y el Poder Ejecutivo con un decreto legislativo podría decretar la reorganización del Ministerio Público y la salida de Chávarry.

Lo importante es que el orden constitucional no se rompa y la que la lucha contra la corrupción no se detenga. Pero se darán otras consecuencias en relación a personajes, como Keiko Fujimori, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y todos aquellos personajes de quienes se ha mal hablado en los últimos tiempos.

La solución al problema Chávarry debe estar ajustada a constitución y a derecho, y es de esperar que nadie participe de un desorden que violente la paz social más de lo que está.