Editorial: Exigencias para la transparencia

Nunca como ahora resulta necesaria la transparencia en la obra pública, y el que las autoridades responsables de la ejecución de obra, en la que se utilice dinero público, informen a la población sobre la forma en que conducen los destinos institucionales y reconozcan el derecho que tiene la colectividad de conocer qué hacen y en qué forma proceden los funcionarios responsables de invertir y ejecutar.

Se advierte que cuando todo el país se empeña en una lucha contra la corrupción todavía existe secretismo en el manejo de la cosa pública y especialmente en dos organismos que son fundamentales en el desarrollo y en la ejecución transparente.

Nos referimos específicamente al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial, y también, en menor grado, a las comunas distritales.

No es un favor el que se les pide hacer a los funcionarios públicos sobre esta obligación, sino el ejercicio legítimo al que tenemos derecho para recibir cuentas de los que tienen que darlas.

En la medida en que sean importantes los trabajos confiados en base a presupuesto público, es mayor el interés colectivo en saber las verdades.

Interrogamos, por ejemplo, qué pasa con el proyecto Majes II, donde hasta fines de setiembre Autodema no ha dado informe satisfactorio, ni a la comunidad, ni siquiera al Consejo Regional, lo que ha motivado que por primera vez en la historia del descentralismo el gerente general de Autodema ha sido interpelado para que rinda cuentas del porqué solo han invertido 19 por ciento del presupuesto de 183 millones de soles que le fueron confiados.

El deseo común debe ser interpretado como el derecho que asiste a todo ciudadano el saber cómo se invierte la plata de sus impuestos, pues a final de cuentas es justamente el ciudadano el que a la hora de juzgar si la tarea encomendada está bien hecha desea saber cómo se la está manejando.

Los funcionarios públicos tienen la obligación de dar cuenta pormenorizada de la forma cómo invierten los dineros fiscales.