Editorial: La defensoría del pueblo y la protección de los ciudadanos

Bien ha hecho el representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique Linares, en formular un llamado al merecido respeto que deben tener las autoridades, y concretamente el gobernador regional de Arequipa, en sus actitudes y palabras cuando se refiere a quienes, con legítimo derecho le exigen explicaciones sobre obras públicas.

Toda autoridad tiene que comprender que aun cuando tenga origen legítimo, su vocación de servicio al ciudadano tiene que evidenciarse en cada palabra y cada gesto.

El diálogo es la mejor manera de entenderse, pero este no es posible si inicialmente la autoridad lejos de alentarlo se muestra discriminatoria y hasta ofensiva con su interlocutor sobre todo si la diferencia de criterios es consecuencia de una inversión pública hecha o incumplida por el servidor del estado.

Toda equivocada política debe ser enmendada y el Defensor del Pueblo en Arequipa ha cumplido con misión que le señala la ley y con la mismo firmeza con que se defienden los intereses colectivos hay que poner en su lugar a quién no lo está y está siendo lo que no debe.

La Defensoría fue creada como una necesidad que el país requería como consecuencia de los autoritarismo y hasta de las dictaduras y es preferible un hablar claro y franco para sacar del error a quienes menosprecien a quienes hablan haciendo uso del derecho de opinión o en defensa de los intereses colectivos.

Cumple su misión el Defensor del Pueblo, cuando llama la atención de la autoridad que no respeta al ciudadano, que llega al extremo de faltarle o que no rinde adecuadamente cuentas del dinero confiado por el estado para el beneficio de la colectividad.