Editorial: La obra pública apresurada

Siempre, en vista de un proceso electoral en el que se juegan nombres de personas, partidos o movimientos regionales, en las instituciones públicas en que cambian directivos mediante el voto ciudadano, hay apuros para hacer obra pública, no devolver dinero a la caja estatal y asegurar respaldo al candidato que este más cerca a los intereses de los que se van y no pueden ser reelegidos.

Los apresuramientos que suponen que no se licite la obra por ejecutarse, tienen resultados negativos, como puede apreciarse, por citar un ejemplo, en la repavimentación ocurrida en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

Para el efecto se suscribió un convenio del que participaron los alcaldes cesantes del Provincial de Arequipa y del distrital de Bustamante y Rivero.

Debe anotarse que los dos burgomaestres pertenecían al movimiento Arequipa Renace, y si bien no podían reelegirse procuraban mantener la vigencia política de su movimiento con una obra requerida por la población.

El apresuramiento costó caro, no por el costo mismo de los adoquines, sino por la deficiente colocación de los mismos, que con reciente lluvia evidenciaron que no se había hecho un trabajo de soporte válido y suficiente, y los adoquines se salieron y obligan a nuevo precio por su re colocación bondadosa.

La experiencia debe servir como lección para que se tenga en cuenta el futuro que siempre es preferible procurar una licitación donde se jueguen los intereses económicos y técnicos, para escoger al mejor y evitar el riesgo de tener que asumir la responsabilidad del acierto o de la falla, comprometiendo el prestigio de la gestión institucional, antes de poderlo exigir, como es la norma por la garantía a que está obligado quién ejecuta la obra por encargo.

Excepto en casos debidamente justificados, siempre es preferible ejecutar obra pública mediante licitación, incluso para recibir garantías con respecto a la bondad del trabajo entregado.