Editorial: La supuesta persecución política

Suponer que en el Perú existe una persecución política por la acción de fiscales y jueces que investigan supuestos casos que conllevaron grave daño económico para el país y que sirvieron como instrumentos útiles para que algunos equivocados políticos se enriquecieran, no traduce lo que la mayoría ciudadana piensa.

Cada día distintas encuestadoras de opinión pública, a las que llegan en consulta los medios de comunicación en general, traducen un incremento en la popularidad de los esfuerzos colectivos para sanear la institucionalidad sin que se advierta, paralelamente, más desprestigio que el que generan con sus errores los que aparecen implicados en actos que deberán ser sancionados de acuerdo a ley.

Así pues la idea de que el país se encuentra al borde de la quiebra del régimen constitucional, o de una crisis económica que contradice estándares internacionales, contrastan con las otras afirmaciones que hablan de una falta de libertades o de un posible golpe militar.

No es verdad que esto pueda ocurrir en una nación que se sobrepone a una grave crisis política que estamos superando, ajustando el quehacer de la nación a lo que manda la Constitución y la ley.

No es frecuente que un presidente renuncie al cargo y mucho menos que el gobernante que se va cumpla con entregar el bastón de mando a quien le corresponde por derecho, como es el vicepresidente de la República.

El país ha sufrido mucho con el caso Lava Jato y el Congreso de la República ha investigado, hasta donde le ha sido posible, las consecuencias de los errores cometidos por gobernantes.

Hay procesos abiertos y se están ventilando los alcances de los mismos y nadie tiene derecho a asilarse en una embajada amiga para pedir ser liberado de la investigación que corresponda, declarándose orgulloso de su condición de peruano y de ser residente, para inmediatamente después tocar puerta de una legación diplomática y pedir asilo declarándose perseguido.

Los peruanos estamos orgullosos, no solo del pasado, sino también de lo que hacemos hoy a pesar de los errores e imperfecciones que pudieran encontrarse en todo humano. No existe un solo periódico, ni una sola estación de televisión, ni de radio, que repita la especie de que estamos ante la quiebra del orden democrático.

Es una cortina de humo la que tenemos delante y a la que debemos responder con firmeza, y sin salirse de los límites que la razón y la ley señalan.

La ciudadanía tiene derecho a saber cómo manejaron la cosa pública los gobernantes que fueron tentados por empresas brasileñas que ensuciaron los destinos de varias naciones de continente.