Editorial: No mal utilicen el nombre de Arequipa

Es una pena para los arequipeños, los que aquí nacieron y los que después vinieron a vivir en la ciudad, lo que ha visto ayer en las calles por la acción de un grupo de exaltados que lograron mediante la violencia paralizar al transporte, que se había negado a participar en el paro, rompieron vidrios de carros y finalmente atacaron establecimientos del Centro Histórico, particularmente área vidriadas de empresas arequipeñas como Estilos y La Ibérica, causando daños y asustando a los vendedores.

Parece increíble que esto ocurriera por parte de nomás de 500 que significan poco o nada en una ciudad que ya supera el millón de habitantes, y lo que es peor que no fueran reprimidos en forma inmediata y rápida por los 2 mil policías que tiene la PNP acantonados en Arequipa y cuyo número de agentes es cuatro veces mayor que el número de los malandrines que causaron temor y cierre en las primeras horas de la mañana de ayer.

Entendemos que tanto la Policía, a través de sus sistemas de inteligencia y de las cámaras fotográficas que dejan constancia de las agresiones sufridas por inocentes víctimas, y también miembros del Ministerio Público, tienen la posibilidad de identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.

La Constitución, la ley y la razón, señalan que los culpables de violentar el orden público deben ser castigados máxime si el motivo del conflicto está virtualmente superado por el decir del presidente de la república y por un diálogo que debe lograrse para saber la verdad sobre cuál es el verdadero sentir de la población del valle de Tambo con respecto a Tía María.

Entre tanto conviene advertir a los agitadores que Arequipa no será más carne de cañón de los grupos radicales que provocaron lo de ayer y también a la Policía, y a la autoridad política para que ponga coto a los excesos.

Lo ocurrido ayer en Arequipa no puede repetirse, para eso contamos con dos mil policías que deben hacer lo necesario y suficiente para identificar a los culpables de la violencia y entregarlos a juicio con acusación del Ministerio Público.