Editorial: No solo Lima es el Perú

Hay que reclamar, una vez más, que las acciones de gobierno no pueden limitarse a la capital de la República casi exclusivamente y solicitar que los problemas nacionales en sectores claves como seguridad ciudadana, salud pública, educación y vialidad, merezcan atención equilibrada por parte del régimen centralista en favor de las provincias y muy concretamente de las regiones.

La controversia existente, desde el inicio del gobierno de PPK, el año 2016, y ahora en el régimen constitucional que preside Martín Vizcarra, ha llegado a extremos tales que han terminado por afectar la confianza nacional y extranjera sobre la inversión y detener el crecimiento económico del Perú, que resultó ejemplar después de la crisis política determinada por el abandono del poder que hizo Alberto Fujimori.

Nadie puede negar que las cosas han llegado a tal nivel que el régimen de Vizcarra se ha visto obligado a plantear como una alternativa de reencontrar caminos de paz, adelantando elecciones y acudiendo a procedimientos discutibles sobre su validez constitucional.

Arequipa ha sido particularmente dañada en la discusión alrededor de la procedencia de autorización a Southern Perú para iniciar operaciones en Tía María y La Tapada.

En la provincia de Islay se vive una situación anormal que ya está por encima de los dos meses. Se espera un diálogo que resulta imposible sin la presencia de actores y ante terquedad manifiesta de las partes.

Ahora la paz social está quebrantada, la gasolina encarecida y no son pocos los problemas judiciales que tendrán los alborotadores de agresivos ademanes.

Es urgente que el diálogo se reinicie o comience, si no lo ha habido antes, para que encontremos alguna vía de solución que no prolongue la atención existente y que no signifique esperar más tiempo para obtener la paz que se requiere y la inversión que se necesita.

Parece increíble que el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo no solo reduzca problemas nacionales exclusivamente tratados en Lima, sino que los fije en los edificios de Palacio de Gobierno y del Poder Legislativo.