Crisis en Caylloma: Temblores, damnificados y protestas

Marcaban las 1.06 horas del día miércoles, cuando un movimiento sísmico de 5.5 grados, sacudió los distritos de Cabanaconde, Ichupampa, Madrigal, Lari y Maca, en la provincia de Caylloma, además de afectar tramos viales en Alca, distrito de La Unión. El desastre dejó, según información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) al mediodía de ayer, 238 viviendas afectadas 38 de las cuales son inhabitables, 130 damnificados y 406 afectados. Maca fue la más perjudicada al reportar 300 afectados, 100 damnificados, 150 viviendas dañadas y 29 declaradas inhabitables.

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Autoridades locales han señalado que los adobes de las viviendas no resistieron al sismo y por eso los hogares levantados con esos ladrillos son el grueso de las casas dañadas. El material que ha sobrevivido por años en esta zona de temblores, se vio afectado por la persistencia de la actividad sísmica del día anterior, 15 de marzo. Y es que, 24 horas previas al derrumbe, el Instituto Geofísico del Perú, reportó 14 sismos con un máximo de 15 kilómetros de profundidad en las zonas de Maca – Madrigal, principalmente; y seis réplicas posteriores de una magnitud entre 3.4 y 3.7. En total, la zona experimentó hasta las 15:00 horas de ayer, 21 eventos sísmicos de importancia.

Víctor Aguilar, responsable del Instituto Geofísico de la UNSA, dijo que los movimientos en Caylloma se encuentran entre los de mayor magnitud en Arequipa, en el 2022.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) ha acudido al lugar, aunque su responsable, Bárbara Cuadros Quihue, ha dado a entender que, tras evaluaciones previas, la situación está controlada y que continuarán el abastecimiento de almacenes de emergencia. Al mismo tiempo se ha movilizado maquinaria pesada de municipios y la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) para liberar vías dañadas que suman más de 570 metros perdidos por la abertura de la tierra y el asfalto, deslizamiento de rocas y pérdida del terreno en caminos rurales y carreteras.

PROTESTAS

Mientras ello ocurre, la población de las zonas altas de la provincia, organizadas en el Frente de Defensa de Caylloma, dieron inicio a las anunciadas protestas contra la firma de la Adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. Ayer se movilizaron en la capital de la jurisdicción, Chivay, para exigir la atención de sus reclamos sobre el proyecto agrícola. En otros puntos intentaron cerrar el paso al transporte pesado, que en las zonas conecta con rutas utilizadas por empresas mineras. Los dirigentes cuestionaron la ausencia de la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, quien se había comprometido a levantar una mesa de diálogo para atender sus demandas, las mismas que solo podrían ser resueltas antes de la firma de la Adenda 13, y con una necesaria modificación en los documentos que la autorizan. La población asegura que en los próximos días se intensificarán los reclamos para que les garanticen tierras de 5 hectáreas, canon hídrico, trabajo para los lugareños y obras en infraestructura de riego. En estas circunstancias, ayer no se tuvo noticias de la gobernadora regional.

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