Columna

Cuando lo jurídico domina la política

3 de septiembre de 2022
Por: Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista y politólogo.

UN ANÁLISIS ACTUAL DE AMBOS CAMPOS

Por: Ángel Delgado Silva, abogado constitucionalista y politólogo.

La política y el derecho mantienen, de siempre, estrechas relaciones. Con la ética conforman –según la academia– las ciencias normativas, porque no describen el universo humano, como las ciencias sociales. La ambición gnoseológica de estos conocimientos es prescribir sobre la realidad social. En otras palabras, en su campo ellas pretenden orientar, dirigir, transformar el mundo, bajo pautas normativas. Se trata de materias deontológicas, para el vivir bien en comunidad.

El hecho de estar vinculadas no debiera confundir sus esferas propias en que actúan. La modernidad ha decantado los ámbitos con nitidez. Recordemos que Maquiavelo pensó la política fuera de la ética, convirtiéndola en una disciplina con objeto singular. Igual lo jurídico, que emancipado de sus connotaciones morales y del flujo del poder, adquirió un estatuto teórico no reconducible a la ética ni la política.

Sin embargo, las bases epistemológicas que posibilitan saberes autónomos, son invisibles en el mundo de la vida. En la práctica social las cosas se imbrican unas a otras; y así como hay construcciones magníficas: el estado de derecho (lo jurídico sometiendo a la política), igual tenemos yuxtaposiciones que pervierten los fundamentos de una sociedad bien ordenada.

En otros artículos hemos condenado con acritud la llamada “judicialización de la política” y su anverso “la politización de la justicia”. En ambos casos, el aparato jurisdiccional (independiente para ser legítimo), se hace disponible del poder de turno. Y, desde ese instante, poder arbitrario. Fresca está en la memoria colectiva, cómo Vizcarra y sus esbirros usaron a fiscales, jueces y policías, para desembarazarse de sus rivales políticos, siendo ellos corruptos de campeonato.

¡Qué la historia no se repita! Que ese maloliente hedor de una “justicia” que persigue políticamente, no impregne los espíritus democráticos. Por cierto, otras son las circunstancias. Esta vez, los órganos jurisdiccionales no están sometidos al poder, sino que lo enfrentan. Y la banda criminal no es el partido opositor; radica en el gobierno supremo del país, cuyo jefe sería el presidente. Los grupos de inteligencia ya no maquinan con el Lagarto; son denunciados a la Inspectoría, por Castillo.

Por lo dicho, rechacemos este parentesco, incluyendo las impropias marchas de apoyo y las torpes declaraciones de congresistas dictando a la Fiscalía lo que debe hacer. Ambas conductas son erradas: ni la Dra. Benavides será la vanguardia de la lucha democrática, ni el fracaso parlamentario para resolver el problema, justifica montarse en el Ministerio Público. ¡Dejemos que las instancias jurídicas hagan su trabajo, si creemos en ellas! Lo contrario sirve al juego a Castillo y su banda, abonando su afán torpe pero tenaz de victimizarse, culpando a la justicia de ser integrante de una conspiración política.

De espaldas al pueblo
Compartir


Noticias Relacionadas

Leer comentarios